COLUMNA DE OPINIÓN · JUSTICIA PENAL
Flagrancia ampliada: el reloj no reemplaza al juez
La inseguridad exige respuestas serias. Para quien ha sufrido un delito, la rapidez de la policía puede marcar la diferencia entre obtener justicia y quedarse sin respuesta. Precisamente por eso, una reforma que amplía las posibilidades de detener sin orden judicial merece algo más que un anuncio de eficacia. Debemos preguntar qué problema resuelve, qué riesgos introduce y cómo se comprobarán sus resultados.
La Ley 21.845, promulgada el 6 de octubre de 2026, modifica el artículo 130 del Código Procesal Penal. Para las hipótesis de sus letras d), e) y f), el límite del tiempo inmediato pasa a 24 horas si detienen agentes policiales y a 48 si lo hace la Autoridad Marítima en funciones de Policía Marítima. Para cualquier otra persona permanece en 12 horas. La ampliación se refiere al intervalo entre el hecho y la captura. Ley 21.845, artículo único N° 5.
Esta precisión importa: el plazo para capturar por flagrancia y el plazo de custodia posterior son distintos. El artículo 131 mantiene, para estas detenciones, la conducción ante el juez dentro de un máximo de 24 horas desde la detención, si el fiscal no la deja sin efecto. La reforma no autoriza a mantener a una persona detenida durante 48 horas antes del control judicial por el solo hecho de haber intervenido la Policía Marítima. Código Procesal Penal, artículo 131.
El mejor argumento a favor de la ampliación merece ser tomado en serio: identificar a una persona mediante cámaras, recoger testimonios y coordinar una captura puede tomar tiempo. En el ámbito marítimo, además, pueden existir dificultades materiales de desplazamiento. Pero reconocer esas dificultades no demuestra, por sí solo, que la respuesta deba ser extender una excepción al control judicial previo. Se necesita explicar por qué las herramientas de investigación y las órdenes judiciales oportunas resultan insuficientes.
La flagrancia permite actuar ante una vinculación inmediata entre una persona y un hecho delictivo. A medida que transcurren las horas, esa conexión puede depender de reconstrucciones, comparaciones de imágenes o reconocimientos que requieren mayor examen. Mi objeción es que ampliar el reloj puede incentivar que una decisión que ya exige valorar antecedentes se resuelva mediante una captura policial sin revisión judicial previa. El riesgo no es una consecuencia inevitable, pero debe orientar los controles.
Por eso, estar dentro de las 24 o 48 horas no basta para detener. Deben concurrir los requisitos de la hipótesis invocada: objetos o señales vinculados al delito, el señalamiento previsto por la ley o la aparición en un registro audiovisual cometiendo el hecho, según corresponda. La mera sospecha no se transforma en flagrancia porque todavía quede tiempo. Y las normas que restringen la libertad deben interpretarse restrictivamente. Código Procesal Penal, artículos 5 y 130.
Pensemos en un ejemplo hipotético: una cámara registra un robo y, veinte horas después, se ubica a alguien que se parece a quien aparece en la grabación. La pregunta decisiva debe ser cómo se estableció su identidad y qué muestra realmente el registro. Una imagen borrosa o una semejanza general requieren especial cautela. El margen temporal ampliado no mejora la resolución de una cámara ni elimina los errores de reconocimiento.
La diferencia entre 24 y 48 horas también merece escrutinio. Las condiciones de operación marítima pueden justificar reglas específicas; a mi juicio, esa justificación debería relacionarse con necesidades verificables de la actuación. Que una autoridad distinta practique la captura no hace más confiable la identificación. Sería razonable exigir un seguimiento especial de los casos en que se utiliza el tramo adicional y de los motivos concretos que explican su empleo.
La ley contiene, además, herramientas que pueden contribuir a preservar evidencia: permite solicitar entregas voluntarias de registros y contempla actas y custodia. También regula instrucciones generales del Ministerio Público para diligencias que no requieren autorización judicial. Ley 21.845, modificaciones a los artículos 83 y 87. Su utilidad dependerá de la ejecución: consentimiento efectivo, trazabilidad y supervisión. Considero indispensable evitar que la urgencia se convierta en presión para entregar información.
El control de detención debería examinar con rigor la cronología y el fundamento de la captura: cuándo ocurrió el hecho, cuándo se accedió al antecedente, cómo se identificó al detenido y qué supuesto legal se invoca. La defensa necesita acceso oportuno a esos registros para discutirlos. Una revisión que se limite a comprobar la cantidad de horas transcurridas dejaría sin respuesta la cuestión central: por qué estaba permitido detener a esa persona sin orden.
Propongo evaluar la reforma con información pública: capturas efectuadas gracias al nuevo tramo horario, detenciones declaradas ilegales, errores de identificación y resultados procesales. También conviene medir si mejora el esclarecimiento de los delitos. Contar detenciones, por sí solo, puede premiar una actividad policial que luego no logra sostenerse ante los tribunales. Las víctimas necesitan investigaciones capaces de llegar a resultados fundados.
La seguridad pública requiere capacidad investigativa, coordinación y decisiones judiciales oportunas. Mi crítica a esta reforma es que extender una facultad excepcional puede terminar sustituyendo esas inversiones si se presenta como una solución suficiente. El Estado debe poder explicar cada privación de libertad y demostrar que las nuevas atribuciones producen mejores resultados. La confianza en la justicia se construye cuando la eficacia puede resistir el examen de las garantías.