← Volver a columnas de opinión

COLUMNA DE OPINIÓN · DERECHOS HUMANOS

Justicia militar: la democracia también debe entrar al cuartel

Una persona sostiene un retrato enmarcado de Franco Vargas.

La vigencia de la justicia militar en Chile plantea una pregunta que nuestra democracia todavía no resuelve satisfactoriamente: ¿qué justifica que una institución organizada para mandar y obedecer conserve atribuciones para juzgar? La disciplina exige deberes especiales, pero no basta para justificar una justicia separada ni garantías diferentes según el uniforme.

Chile ha avanzado. La Ley 20.477, modificada en 2016, excluye de la competencia militar a civiles y menores de edad, tanto víctimas como imputados. Sin embargo, esa protección deja abierta una cuestión fundamental: quienes integran las instituciones armadas también tienen derecho a una justicia independiente. Ley 20.477, artículo 1º.

El caso Putre mostró la importancia de esa discusión. Tras la muerte del conscripto Franco Vargas, ocurrida el 27 de abril de 2024, y las afectaciones sufridas por otros soldados, se produjo una contienda de competencia entre la ministra en visita de la justicia militar y el Juzgado de Garantía de Arica. El 25 de junio de ese año, la Corte Suprema resolvió que el asunto debía continuar en la justicia ordinaria. Consideró que los hechos investigados, de comprobarse, podían constituir apremios ilegítimos y graves vulneraciones de derechos humanos, cuyo conocimiento correspondía a esa jurisdicción. Resolución de la Corte Suprema, recogida por Emol.

La decisión fue acertada. El carácter militar de las víctimas y el contexto de instrucción no podían determinar, por sí solos, el tribunal competente. Lo decisivo era la naturaleza de los hechos investigados y los derechos comprometidos. Resolver esa competencia tampoco equivalía a declarar culpables: establecía dónde debían investigarse los hechos y determinarse las eventuales responsabilidades.

Pero el caso dejó expuesta una debilidad institucional. Una garantía tan importante como acceder al juez competente debería descansar en reglas suficientemente claras. Las víctimas y sus familias no deberían cargar, además, con la incertidumbre de una disputa entre jurisdicciones para saber quién investigará.

La tensión de fondo persiste. El Código de Justicia Militar vincula el ejercicio de la jurisdicción con autoridades del mando. Aunque sus integrantes actúen de buena fe, ese diseño exige preguntarse si ofrece suficiente independencia para investigar hechos que comprometen a la propia institución. La imparcialidad debe estar asegurada por la estructura del sistema y no depender únicamente de las virtudes personales de quienes lo integran. Código de Justicia Militar, artículo 16.

A ello se suma la posición de las víctimas. Es impreciso afirmar que carecen de toda participación: el Código permite solicitar diligencias y ejercer determinados recursos. Sin embargo, impide admitir querellante particular durante el sumario y mantiene un marco restrictivo de intervención. Esa participación limitada merece una revisión profunda. Código de Justicia Militar, artículos 133 y 133-A.

La representación efectiva requiere asesoría jurídica independiente, información oportuna y capacidad real de cuestionar decisiones. También exige protección frente a posibles represalias, especialmente cuando quien denuncia debe seguir obedeciendo dentro de la misma organización. Un derecho difícil de ejercer puede terminar siendo una promesa vacía.

Estas garantías deben coexistir con la presunción de inocencia y una defensa efectiva. Fortalecer a las víctimas significa asegurar una investigación seria y un procedimiento justo, sin anticipar condenas.

Chile debería avanzar hacia la radicación de la justicia penal militar de tiempo de paz en tribunales ordinarios, incorporando la especialización necesaria. El conocimiento de asuntos militares puede proporcionarse mediante formación y peritajes; no exige que el tribunal dependa del mando.

Putre recordó que los derechos fundamentales acompañan a las personas cuando ingresan al servicio militar. Una democracia que reconoce esa igualdad debe garantizarla también al momento de investigar, escuchar a las víctimas y juzgar.

Sebastián Andrade Delvas
Ex defensor penal público, magíster en Derecho Penal y socio en MRM Legal Abogados.

Comparte esta columna

← Volver a columnas de opinión